Imagen de archivo de la actual corporación de Es Migjorn durante la celebración de una sesión plenaria | Josep Bagur Gomila

TW
10

El PSOE de Es Migjorn acusa a la alcaldesa de encargar trabajos municipales a sus abogados personales, «parece que Camps y Verdú mezclan la vida privada con la institucional», señalan en un comunicado después de haber presentado una moción en ese sentido.

Apuntan en concreto al letrado P. L. J. P., al que se encargó la redacción de un convenio entre la asociación de jubilados y el Consistorio (5.445 euros), la redacción de las alegaciones municipales al PTI (3.630), unidades de actuación (14.520) y la redacción de un convenio con los hermanos Santaló (3.932,50 euros). El montante de estos trabajos por encargo municipal, algunos de los cuales ha redactado siempre la secretaria, según el PSOE, suman 27.536 euros.

Los socialistas señalan que Antonia Camps, a título privado y a través del citado abogado, de la compañía madrileña Lepalais Jurisdice SL, solicitó que el arquitecto municipal se manifestara sobre un conflicto urbanístico entre Camps y el Consorcio del suelo rústico, «un asunto en el que el Ayuntamiento de Es Migjorn no tiene competencias», recuerda el PSOE. Los socialistas le pidieron entonces que, si necesita los servicios de un arquitecto para un asunto privado, «no se lo encargue al arquitecto municipal».

Entienden que Antonia Camps «se aprovecha de su posición de alcaldesa para obtener, gratis y para asuntos privados, unos servicios que cualquier otra persona hubiera habido de pagarlos».

Como agravante, añaden que después de haber obtenido la documentación municipal que acredita estos pagos, constataron la adjudicación de otro contrato al mismo abogado para redactar el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y los propietarios de Binicodrell de Darrera. Luego, la secretaria municipal hubo de realizar el correspondiente informe jurídico.

Conflicto de intereses

«Cuando el Ayuntamiento contrata y paga a un abogado que es el mismo letrado que realiza servicios privados a la alcaldesa y al concejal de Urbanismo, se entra en una situación de conflicto de intereses», afirma el PSOE.