Las empresas explican en el Senado la doble penalización que sufre Balears

El transporte figura en el eje del problema, particularmente el sobrecoste que soportan las empresas por las mercancías y el producto manufacturado. Las empresas de las Islas disponen de compensaciones, pero estas no abarcan a todo tipo de bienes.

En segundo lugar, «no solo no cubren el sobrecoste de todos los productos que lo tienen, sino que esta compensación tampoco alcanza al cien por cien del exceso, solo al 65 por ciento de entrada de materia prima por producto semielaborado y el 60 por ciento en salida de mercancía», dijo María García.

La subvención además tiene un tope de 200.000 euros en tres años porque así lo establece el reglamento de la UE bajo el argumento de no crear distorsión en la competencia. La ejecutiva de PIME alega que esta compensación no crea tal distorsión, «sino que la propia distorsión es el sobrecoste que nuestras empresas soportan y que las hace menos competitivas», afirmó ante los senadores.     

García entiende que la compensación no debería tener la consideración de ayuda, «debería estar exenta de la limitación de mínimis, para evitar la anomalía que provocan por exceso en el mercado las empresas de Balears. Soliciten a la UE la revisión de esta condición», agregó.

En su opinión, esa limitación está provocando que el tejido industrial, «al que necesitamos proteger», tenga una doble penalización. Primero, «por no poder compensar el importe íntegro del transporte» y, segundo, «por el impedimento que el tope de mínimis impone para poder acceder a otras muchas ayudas a las que las empresas similares domiciliadas en otras comunidades autónomas pueden acceder.

Empresas punteras

Díaz Montañés ahondó en la misma línea, «ahora mismo esta compensación está topada por la regla de mínimis y las empresas que producen en Menorca y venden fuera su producción llegan fácilmente a este tope», apuntó.

De ese modo, la citada regla «convierte en anecdótica la compensación para aquellas empresas industriales menorquinas que, por su tamaño, son ahora competitivas y podrían ser punteras», señaló.

La reflexión del empresario hotelero enumeró los efectos negativos de la insularidad en la pequeña escala en que operan buena parte de los sectores productivos; la atomización del tejido empresarial, que no permite disfrutar de las economías de escala; la marcada dualización del mercado laboral, a causa del desproporcionado peso del sector turístico; las dificultades para acceder a factores productivos que derivan de las fuentes de aprovisionamiento y la dependencia que genera la reducida dimensión del mercado; y la presión de los precios sobre el poder adquisitivo de la población, tanto de la cesta de bienes en general como de los servicios de movilidad en particular.

Plataforma piloto

Díaz Montañés, que elogió la tradición industrial menorquina sin eludir la autocrítica, apostó ante los senadores por Menorca que, «por las dimensiones, ubicación, configuración económica, tradición y valores puede ser una buena plataforma para probar/aprender cómo hacer frente a nuevos retos para luego escalarlos a nivel nacional, llevando al ámbito público los nuevos modelos de gestión que demanda la sociedad», agregó.

En ese contexto, citó iniciativas planteadas a los fondos Next Generation, el Menorca Smart Green Island o el Menorlac, como proyectos para generar prosperidad sostenible.

María García, por su parte, recordó también el factor de la doble insularidad, «nos consideramos ultraperiféricas respecto a Mallorca, somos la insularidad  de la insularidad», denunció la precariedad de la infraestructura energética, defendió el tejido empresarial y una «estrategia de recuperación que no se base exclusivamente en el turismo», dijo.

Este jueves está prevista la intervención e la misma ponencia de Joan Enric Vilardell como representante de la plataforma El transport aeri ofega Menorca. Otras voces menorquinas que han participado son el economista Guillem López Casasnovas y el empresario Francisco Tutzó, presidente del Cercle d’Economia.