Puertos avanza con el desalojo de Trapsa de los amarres. | Josep Bagur Gomila

TW
2

El pliego de condiciones del concurso para la adjudicación de los 165 amarres ubicados en las inmediaciones del Club Marítimo de Mahón incluyen una serie de requisitos que ponen muy al alcance de esta entidad recuperar la explotación de estos pantalanes.

Las cláusulas del procedimiento, que se ha abierto la semana pasada, establecen la obligación de que los aspirantes dispongan de unas infraestructuras y unos servicios destinados a «actividades de carácter formativo, deportivo, educativo, social y cultural, sin fines lucrativos».

De modo más concreto, el pliego de condiciones considera imprescindible que el adjudicatario cuente con una escuela de vela y otros deportes náuticos, con un director deportivo al frente. Además, se indica que «se deberá ofrecer un local para actividades sociales y culturales que en el caso de ubicarse dentro de la superficie de la autorizacion deberá tener el carácter de instalación desmontable». Se precisa que «en esta zona unicamente se permiten ocupaciones vinculadas a este tipo de actividades, que obligatoriamente deberá desarrollar el autorizado».

En el caso de la escuela de vela, además del director, las ofertas tienen que incluir un plan deportivo, con una relación detallada de las actividades a desarrollar, en la que recogerán aspectos como el número de plazas subvencionadas para alumnos con pocos recursos económicos, acciones de promoción de los deportes náuticos en los colegios, y la organización de campamentos estivales.

La mesa de contratación entrará a valorar, además, aspectos como la existencia de un programa de regatas, tanto para aficionados como para barcos de élite, siempre con el componente social presente en las condiciones. Las ofertas considerarán también la celebración de eventos en colaboración «con entidades del entorno que ayudan a personas con minusvalías físicas y psíquicas y a personas con riesgo de exclusión social». También la organización de actividades sociales y culturales, entre muchas otras cuestiones. Todo ello deberá ir acompañado de la pertinente previsión económica de ingresos y gastos para cada uno de los apartados.

La inclusión de estos requisitos y condicionantes en el pliego de condiciones del concurso público para la gestión por un periodo de dos años, con opción a un tercero, de estos 165 amarres del Moll de Llevant, entre la Punta del Rellotge y Es Gatassus, incrementan las opciones de que una entidad, sin el músculo financiero de las empresas náuticas, puedan hacerse con su explotación. De hecho, la introducción de estas cláusulas sociales es una demanda reiterada de los distintos clubes náuticos de las Islas, que encuentran en este negocio un modo de disponer de unos ingresos para poder mantener su actividad.

En el aspecto económico, el pliego de condiciones establece un canon mínimo anual de 160.862 euros, además del IVA, con una tasa de actividad del 4 por ciento sobre los ingresos obtenidos.

Los amarres son explotados en estos momentos por la empresa Trapsayates, a pesar de que hace unos años Autoridad Portuaria de Balears dio por extinguida la concesión por incumplimiento de las bases.

El proceso está encallado en los juzgados, y existen divergencias entre las partes sobre si se puede ejecutar ya el desalojo.