Cristina Gómez, de Unides Podem, ayer en el pleno junto a la presidenta Susana Mora. | Gemma Andreu

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A partir del 1 de septiembre los abonos de autobús costarán la mitad y a partir del día 12 del mismo mes el transporte público regular será gratuito para los menores de 18 años y las personas que acrediten ser refugiados. El descuento se aplicará durante un año, hasta septiembre de 2023.

La bonificación se ha aprobado este lunes con los informes técnicos desfavorables, debido a la situación de  caducidad de las concesiones del servicio, y con una nueva muestra si no de discrepancia en el fondo de la cuestión, sí de discordancia en los grupos de coalición del equipo de gobierno, ya que Unides Podem optó por la abstención. La medida salió adelante con los votos a favor de los grupos del PSOE y Més, los votos en contra de la oposición del PP y Ciudadanos (Cs), precisamente por las dudas jurídicas; este último fue también el argumento de la consellera de Unides Podem, Cristina Gómez, para su abstención, alegando que «políticamente» apoyaba la propuesta, pero que no daba su voto por tener esos «informes sobre la mesa».

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La bonificación del 50 por ciento del precio de los abonos y su gratuidad para determinados colectivos son la medida estrella del Consell para paliar la inflación y el aumento del coste del combustible; otra actuación es el aumento de frecuencias en algunas líneas como la que une Maó y Ciutadella (L-1), aunque la creación de la línea que una la ciudad de poniente con el aeropuerto se queda fuera por ahora del paquete, debido a que presentaba «dificultades jurídicas», expuso ayer la presidenta del Consell, Susana Mora, y responsable de Movilidad en el ínterin generado tras el cese de Francesca Gomis y su sustitución por Montse Morlà.

Durante el debate no se ahondó en la cuestión de los impedimentos jurídicos para la línea Ciutadella-Aeropuerto. Mora sí recordó que los informes desfavorables con los que sí sale adelante la bonificación en los abonos «no son vinculantes» y lo que prima es la necesidad de dar «una respuesta a la ciudadanía ante una situación fáctica», que es la inflación desbocada y un precio de los carburantes que pone difícil a muchas familias usar el vehículo privado.

La oposición echó en cara a Més, que ha sido responsable de la cartera de Movilidad en las dos últimas legislaturas, «el fracaso» de no tener actualizados los contratos de transporte, afirmó el conseller de Cs, Eugenio Ayuso, quien explicó su voto contrario como «una enmienda a la totalidad a la gestión de este departamento en 7 años». También el portavoz del PP, Adolfo Vilafranca, resaltó que los informes negativos en los que se apunta que la bonificación se adopta sin contrato de concesión vigente y sin cuantificar su impacto económico «se hace mal y no lo digo yo», espetó, «es maquillaje político».