La Asociación de Constructores de Balears denunciar su indignación por la actitud de las corporaciones locales del Archipiélago | Josep Bagur Gomila

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Son tres, por ahora en Menorca, los ayuntamientos que se niegan a tramitar las reclamaciones de constructoras que realizan obra pública en sus municipios. Las empresas han solicitado una revisión excepcional de los precios con los que ganaron la licitación en su día y han visto como el aumento del material les ha obligado a asumir los sobrecostes de estos trabajos.

La Asociación de Constructores de Balears denunció ayer su indignación por la actitud de las corporaciones locales del Archipiélago. Las 18 reclamaciones, presentadas, entre ellas las cuatro de Menorca –dos en Maó, una en Ferreries y otra en Sant Lluís–, se han quedado sin respuesta. La única alternativa que les queda ante el silencio administrativo será la vía judicial, a través de una demanda en el juzgado contencioso-adminsitrativo para conseguir el reequilibrio económico perdido por el incremento de los materiales causado por la pandemia y agravado por la guerra de Ucrania.

En Menorca por ahora son cuatro reclamaciones, «pero esa cifra se cuadruplicará porque todas las que se están haciendo desde 2021 hasta aquí se irán reclamando», a medida que se terminen, expone Clemente Olives, constructor menorquín, vicepresidente de la asociación balear. Prevé que «cada reclamación de una empresa acabará en el juzgado, no hay otro remedio, y si no contestan que lo decida el juez».

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La presidenta de la asociación, balear, Fanny Alba, ha indicado que «la actitud de los ayuntamientos nos indigna por su nula solidaridad y empatía con los sobrecostes que ponen en peligro la viabilidad de las empresas».

Los municipios esgrimen para justificar su silencio que no han acordado en plenario su adhesión al decreto RDL3/2022 del Gobierno de revisión excepcional de precios, ni al DL4/22 del Govern relativo a las compensaciones económicas. Sin embargo hacen caso omiso al Dictamen 27/2022 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que establece que consells y ayuntamientos quedan adheridas a las medidas de compensación económica sin necesidad de acuerdo.

Solo el 14 por ciento de las obras públicas de Balears tienen derecho a la revisión de los precios por el decreto estatal.El 86 restante está pendiente de que el Govern establezca los parámetros y la metodología para que se pueda solicitar una compensación económica. No pueden acogerse al decreto porque las obras finalizaron a la fecha de entrada del RDL,    ya que en las islas predominan las de menor tamaño y corta duración, o porque no superan el umbral del 5 por ciento de incremento que se determina en los materiales, pero no en la energía ni en la mano de obra.

«No entendemos cómo los políticos pueden declarar públicamente estar al lado de las empresas y después no querer aplicar las revisiones y compensaciones a las que tienen derecho las empresas legítimamente», señala Alba. La indefensión de las constructoras es total, añaden desde la asociación, en tanto los Ayuntamientos sigan sin hacer caso al dictamen del Govern para adaptar los decretos estatales de revisión de precios y compensaciones, y mantengan su postura mientras no les obliguen a hacerlo.