Camiones accediendo al Área de Gestión de Milà en una imagen de archivo tomada en el año 2015. | Archivo

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A primera hora de ese lunes los inspectores del Consell ya estaban en el recinto de tratamiento de residuos de Milà para iniciar la investigación sobre el terreno del caso de los restos de animales aparecidos junto a la basura común del vertedero insular, del que la institución –responsable última de la gestión de las instalaciones adjudicadas en concesión– tuvo conocimiento a través de la información desvelada por este diario, que ya ha podido conocer el resultado preliminar de algunas de las pesquisas.

Nadie sabe en estos momentos dónde desembocará la investigación, pero una cosa ya está clara. Como poco ha habido un fallo de vigilancia que este diario ha confirmado. El sistema de cámaras que controlan el recinto tiene un punto ciego –una zona que queda fuera de su alcance– que no permite revisar todos los movimientos que se han producido en el acceso a las instalaciones en las últimas semanas, aunque todo parece indicar que el volcado de despojos de ganado en el vertedero es una práctica que viene de mucho más atrás.

El acceso al recinto, reservado a empresas autorizadas, sigue un estricto protocolo, aunque no exento de lagunas. Los transportistas que traen todo tipo de residuos hasta Milà tienen que presentar documentación referente a la autorización de transporte y a la tipología de residuos. Todo lo que entra se pesa en una báscula. Pero no se comprueba que lo que carguen los camiones sea efectivamente lo que se informa en los papeles.

Control de acceso

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Una vez entrados en el recinto, son los transportistas    los que llevan los residuos hasta la zona indicada sin ningún tipo de acompañamiento. Se supone que todo el mundo sabe dónde tiene que ir. Los desechos procedentes de los mataderos, trasladado por transportistas autorizados, deberían seguir un camino distinto al de la celda de vertido de la fracción resto. Pero el punto ciego de la videovigilancia no permite una trazabilidad completa del recorrido de los vehículos.

Solo en tres casos hay acceso autorizado    al vertedero. Pueden volcar en las celdas habilitadas los servicios de limpieza viaria, de limpieza del alcantarillado y las plantas de tratamiento de voluminosos, que vuelcan una gran cantidad de rechazo que no consiguen revalorizar. Los transportistas que llevan residuos de los mataderos tienen que ir directamente al horno incinerador, donde un operario les recibe para meter los restos de animales en un congelador. Ahí están cinco días, y después pasan a quemarse a 850 grados centígrados. Acto seguido las cenizas se depositan en recipientes herméticos de plástico y se llevan a una celda específica para los residuos peligrosos. El año pasado se produjeron casi 11 toneladas de cenizas.   

La inspección del Consell fue exhaustiva. Se realizaron entrevistas con la gerencia de la empresa gestora, la UTE Es Milà, y con operarios de distintas zonas en busca de testigos. Asimismo se reclamó documentación sobre todos los registros de entrada. El Consell informó justo después de conocer los hechos por este diario a la Comisión Balear de Medio Ambiente a través de un oficio, El ente de supervisión ambiental del Govern aseguraba a este diario que «estamos sobre el caso», que están recibiendo documentación sobre la investigación del Consell y que esperarán a que termine. Fuentes de la institución insular explican que quieren llegar «hasta el fondo» y que «cuando tengan resultados los comunicarán con total transparencia».