La alcaldesa Joana Gomila y Josep Juaneda, presidente del Consorci de Residus, ambos de Més per Menorca.

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El concejal Eudimio Carrasco (Cs) defenderá en el pleno de Ciutadella de noviembre una moción con la que pretende que el equipo de gobierno –y en especial a la alcaldesa, Joana Gomila– se comprometa a tomar acciones contundentes contra el Consorci de Residus i Energia de Menorca por el perjuicio económico que le ha causado durante años la obligación arbitraria de incinerar en Milà los residuos no peligrosos de animales del matadero municipal a precios desmesurados.

El punto sexto de la moción que ya ha sido registrada insta a la alcaldesa –o en su defecto al pleno– a interponer recurso contencioso administrativo contra el ente dependiente del Consell por «la inobservancia    de la normativa aplicable y la aplicación de tarifas desproporcionadas en Milà», así como por su «evidente negligencia e inacción durante más de deis años» en los que tan siquiera contestó los acuerdos plenarios promovidos por UPCM para frenar la sangría que la obligación de incinerar todos los restos de animales estaba provocando a las arcas municipales.

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Carrasco defenderá que se opte por la vía judicial en el caso de que –como ha venido ocurriendo desde 2016– el Consorci de Residus y el Consell desoigan las peticiones del Ayuntamiento de Ciutadella, que reclama la devolución del gasto de incinerar cuando se podía haber aplicado la declaración de zona remota para enterrar los restos de sacrificio de matadero. En el quinto punto de la moción que se debatirá en el próximo pleno lo vuelven a pedir «por enésima y última vez».

Entre otras cuestiones, el concejal también pondrá el punto de mira sobre la altísima tarifa pública por incinerar que se cobra en el Área de Gestión de Milà, reclamando al Consell que informe al Ayuntamiento sobre cuándo fue aprobada esa tarifa por un organismo competente y sobre el momento en que se aprobaron debidamente las actualizaciones de la misma y los boletines oficiales en las que se publicaron. Asimismo le reclaman que facilite al Consistorio los estudios económicos que sirvieron de base para su cálculo.