El director general destaca en su perfil el activismo por los derechos de los animales y su trabajo en plataformas estatales y ONG de defensa de los animales.

La futura Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales ha desatado críticas y movilizaciones aun antes de ser aprobada y echar a andar. La norma sigue su tramitación en el Congreso, donde la última noticia es que Unidas Podemos acepta la exclusión puntual de los perros de caza «durante el ejercicio de la actividad cinegética, pero no se les saca de la ley», afirma Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 –cartera de Ione Belarra–. Añade García Torres que «para nosotros esa es una línea roja» y que la negociación con el PSOE continúa con el objetivo de que la norma prospere. El director general asiste a las primeras Jornadas de Protección Animal que se desarrollan entre hoy y mañana en el Consell y que abordarán el marco legal, el maltrato y la conducta de perros, gatos y otras especies.

¿Cuándo prevé que se aprueba la nueva ley?
—Se aprobó en primera vuelta en el Consejo de Ministros en octubre de 2021. Ahora está en los últimos trámites, con la negociación de enmiendas en el Congreso, la semana que viene se votarán y espero que antes de final de año sea aprobada. Será una ley muy trabajada y debatida.

¿Se protegerá finalmente a los perros de caza y trabajo o quedarán fuera?
—La enmienda socialista tal y como está no podría aprobarse porque cambiaría completamente el espíritu de la norma. Hay ciertos perros que deben tener un encaje particular, por la tarea que realizan, pero las normas fundamentales de bienestar tienen que ser para todos por igual. Estamos en esa negociación y creo que tendremos un resultado positivo. No puede ser de otra manera, por una cuestión de justicia hacia los animales y por seguridad jurídica; hay un momento concreto en el que un perro realiza una actividad, como la cinegética o la policial, pero el resto del tiempo ese animal requiere unos mínimos, que es lo que recoge la ley.

¿Qué pasará con las listas de perros PPP o potencialmente peligrosos?
—Planteamos la derogación de la Ley 50/1999, que es la de animales potencialmente peligrosos, y se cambia por un modelo individual, no por un conjunto de razas sino por cada animal. En esas listas se incluían algunas razas y otros individuos se quedaban fuera porque no eran valorados. Se va a hacer un sistema en el que serán valorados todos los canes que superen un tamaño y será más justo.

¿Está ligado a los cursos para tener mascotas?
—Son cosas distintas pero todo tiene un encaje. La valoración del comportamiento de los animales la tienen que hacer profesionales de la etología, adiestradores, educadores y veterinarios etólogos, y luego los particulares que tienen animales deben tener un mínimo de conocimientos, porque un alto porcentaje de abandonos vienen por un mal encaje del animal en el hogar. Muchas veces a priori hay gente que no sabe lo que conlleva tener un animal y hay compra compulsiva, como por ejemplo en estas fechas. Los animales requieren cuidados y suponen un gasto y una atención. Lo que pretenden los pequeños cursos es que se adquieran esos conocimientos y así reducir el abandono, el eje fundamental de esta ley.

¿Cuál es el nivel de abandono animal actualmente?
—Es altísimo, está en torno a los 300.000 animales al año en España, unos 130.000 gatos y unos 170.000 perros, sin contar otros pequeños mamíferos.

¿Otro objetivo de la ley es el sacrificio cero?
—Esta ley impide el sacrificio de animales de compañía sanos en perreras. A partir de ahí hay que trabajar para reducir el abandono, que debe ser también cero. Para ello se despliegan herramientas para la trazabilidad en la cría y la garantía de identificación de los animales. No cambia demasiado las obligaciones de los propietarios pero sí despliega esas herramientas que ayudarán a la Administración a garantizar que los animales están identificados. Ahora ese porcentaje de identificación ronda el 40 por ciento de todos los que hay.

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El sector de la caza se siente perseguido, les acusa de prohibir la cría de sus perros.
—Pueden hacerlos criar perfectamente, no hay nada que les impida la cría. La norma no impide criar animales, lo único que plantea es un sistema de registros. Tampoco exige ser un criador profesional, puede haber cría puntual o de reposición, como la que tienen en la caza o el pastoreo, pero sí se plantea el registro y censo de animales. La inscripción en ese registro además será automática, una vez identifiques a tu animal. Cuando pongas el microchip a una hembra por ejemplo, el veterinario preguntará si va a utilizarse para la cría y si es así esos datos pasarán al registro de criador. Hay que recordar que ese control e identificación de animales es obligatorio desde principios de los años 90. Esta ley despliega herramientas para garantizar esa identificación, puede ser que eso sea lo que molesta a algunas personas.

¿Faltaba control?
—Existía cierta facilidad para no identificar animales y poder luego desecharlos. El no identificarlos tiene que ver con eso, con que no te vinculen al animal una vez desechado. Quien haga las cosas bien, identifique a los animales y los trate bien, ni siquiera se dará cuenta de que existe esta ley.

¿Cuántos canes de la caza llegan sin identificar a protectoras y perreras?
—Según los datos que nos han proporcionado el 90 % de los perros que les llegan de la actividad cinegética vienen sin identificar, se habla de un número en torno a los 50.000 animales al año que vienen del entorno de la caza.

Ha trascendido que quizás no se permita tener periquitos o agapornis ¿es así?
—No va a cambiar nada hasta que no exista el listado positivo de especies que se pueden tener, esa lista no está elaborada aún, las especies se estudiarán una por una, puede tardar meses o incluso años. Me sorprende que haya salido una lista que no está hecha todavía, veo una intencionalidad de generar alarma. El listado no prohibirá pequeños mamíferos, como cobayas, o aves como periquitos, no existe razón para que no estén en esa lista. Unificará lo que ya hay, ahora hay listas con animales en peligro de extinción o CITE (amenazadas) o que son exóticas invasoras, como la cotorra argentina, el cerdo vietnamita o la tortuga de Florida, pero es que la comercialización de esos animales ya está prohibida.

¿Qué pasará en los hogares con una mascota prohibida?
—Si alguien tiene ya esos animales nadie se los va a quitar, simplemente se trata de garantizar que no los abandonará en el medio natural porque pueden generar un problema. Mientras el listado positivo no esté hecho las cosas no van a cambiar, y cuando esté, si alguna persona tiene un animal que no puede ser comercializado, tendrá que tenerlo identificado y garantizar que no va a criar con él, nada más.

¿Por qué cree que esta ley genera tanta controversia y rechazo anticipado?
—Creo que es una ley que quizás tiene que ver con un cambio cultural, porque genera un ámbito de protección hacia los animales que a nivel nacional hasta ahora no teníamos. Cabe destacar que en el ámbito autonómico sí existe normativa más o menos en la misma línea. Ese cambio cultural a veces genera algún recelo. Ha habido también interpretaciones intencionadas de la norma. Todo se soluciona poniéndola en marcha, insisto, solo se darán cuenta de que existe las personas que incumplan con el bienestar y la tenencia responsable de animales.

Este país no tiene fama de amable con los animales ¿cuesta avanzar?
—Como administraciones igual no hemos sido muy amables pero sí como ciudadanía, yo creo que hay que romper una lanza por la gente en nuestro país. Cerca de la mitad de la población tiene animales de compañía, podemos estar hablando de 20 millones de mascotas y en un porcentaje altísimo, por no decir la práctica totalidad, viven bien y en condiciones de tenencia óptimas. Otra cuestión es que siempre hay quien incumple y va a maltratar, esta ley pone sobre la mesa las herramientas para poder localizar a esas personas y que puedan ser sancionadas.