La ley regula que las fincas usen elementos tradicionales como las barreras de acebuche. | Gemma Andreu

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Artículos de la Ley Menorca Reserva de Biosfera que establecen nuevas limitaciones a la caza, la prohibición de nuevos amarres fuera de zonas portuarias, el registro de nuevos cultivos de regadío supeditados al uso de agua de lluvia o depurada, o los relacionados con el territorio y el paisaje, así como, entre las infracciones, incluir la reconstrucción de paredes y el cerramiento de portillos con elementos que no sigan los sistemas y elementos tradicionales de la Isla son detalles que para cualquier modificación posterior deberán votarse y aprobarse en el Parlament balear. De este modo, al regularse mediante una norma con rango de ley cuestiones propias de un plan o reglamento, el pleno del Consell pierde la capacidad de aprobar cambios, y estos estarán sujetos en el futuro a la mayoría política en la Cámara balear.

Esta cuestión fue debatida durante el pleno de aprobación de la Ley de Reserva de Biosfera y el Grupo Popular criticó la «renuncia a su soberanía» que hacía la institución insular con dicha ley, «los que van de menorquinistas hacen que Menorca pierda competencias», espetó el diputado popular Juan Manuel López a los grupos del tripartito de izquierdas en el Consell, pero Josep Castells, defensor de la ley en el estrado y diputado de Més, no se dio por aludido.

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La pérdida de autonomía que critica la oposición puede ser un modo de blindar estas medidas conservacionistas, ante posibles cambios de gobierno, al incluirlas en una ley pero este es «un uso perverso» que hace el gobierno del Consell al arrebatar competencias que eran del pleno insular y «dárselas al Parlament».

«Son obligaciones, muchas de ellas en materia de ordenación territorial, que son propias de un reglamento o del Plan Territorial Insular y que las regulamos en una norma con rango de ley», explica el político popular y abogado, «las blindan por prejuicios ideológicos» pero insiste en que luego cualquier cambio deberá ser votado por diputados de Mallorca, Eivissa y Formentera para salir adelante, lo que mermará la capacidad de decisión del Consell, para este y futuros gobiernos.

«La Ley baja demasiado al detalle prohibicionista», asegura Lafuente, y pone como ejemplo precisamente que la nueva norma regule hasta el punto de especificar si un cerramiento en una tanca tiene que ser con una barrera tradicional de ullastre y prohibiendo elementos como tablones o puertas viejas de edificios. «Eso son obligaciones que deberían ir en un reglamento y no en la ley», concluye.

El apunte

Las nuevas atribuciones competenciales deben ofrecerse a todos los consells

El artículo 99 de la Ley de Consells Insulars, que establece la simultaneidad y aceptación de la atribución competencial, señala que «las competencias que sean atribuidas a los consells insulars por una ley del Parlament lo serán simultáneamente a los cuatro consells como regla general», aunque el pleno de cada institución decidirá sobre la aceptación o no de la atribución de las competencias correspondientes, «y su posición será tenida en cuenta por el Parlament». El aumento de competencias por tanto para el Consell de Menorca ya está previsto en el Estatut (artículo 71) y todas esas delegaciones «deberán ofrecerse a todos los consells porque de lo contrario sería ilegal», ha afirmado el diputado del PP, Juan Manuel Lafuente, quien añade que «no hay nada nuevo» en cuanto el incremento competencial de la institución con la Ley de Reserva de Biosfera, «es todo propaganda», subraya.