El historiador Joan Pons Alzina. | ARCHIVO

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La nueva Associació Cultural Festes de Sant Joan pide al Ayuntamiento de Ciutadella que abandone el «sentimiento nostálgico y folklorista» que se ha interiorizado en la ciudad y «afronte de cara los problemas» derivados de la masificación. «Debe tomar de una vez las riendas de la fiesta y regularla, respetando los estamentos, las libertades y las tradiciones».

El historiador Joan Pons Alzina, cara visible de la entidad, lamenta la «dejadez de funciones» que «desde siempre» ha caracterizado al Consistorio y urge a «una regulación. Vivimos en una sociedad de masas y las fiestas lo son. Ya no puedes quedarte parado lamentando que no volverán a ser como antes, sino que necesitas actuar. Si nos viene una avalancha de gente que no tiene dónde dormir, lo lógico es reservar unos terrenos donde estos jóvenes puedan acampar y pernoctar, con todos los recursos necesarios»

Pons Alzina anima a los nuevos gobernantes a «cambiar el chip» y recuperar su «capacidad total sobre la fiesta», la que tenía desde sus orígenes, «cuando debía atender las necesidades religiosas y asumía el nombramiento de todos los cargos. La responsabilidad no puede seguir estando separada, con los nobles y participantes en la qualcada mirando de reojo al ayuntamiento».

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En su opinión, «es hora de sentarse en una misma mesa y hacer que los protagonistas también se impliquen, a cambio de subvencionarles, por ejemplo, las begudes o los costes que comporta salir en la fiesta». Así, dice, «se evitaría la subasta en la que se ha convertido la elección de la Junta de Caixers. Como no tienen el poder adquisitivo de antaño, los nobles convierten en caixer fadrí o casat a quien más les paga y hasta se permiten, como ocurrió el año pasado, vetar la participación de un payés sin base alguna, lo que demuestra una cultura jurídica lamentable».

Para ello convendría retomar la plasmación escrita de unos protocolos, una iniciativa que ya se intentó sin éxito en 1989 y a principios de siglo. «Se pueden reconocer los intereses simbólicos de la fiesta», pero poniendo fin a la arbitrariedad. «Es elemental en un estado de derecho», apunta.

El historiador insiste en la necesidad de resolver las «incoherencias en que vive inmersa Ciutadella. El Ayuntamiento necesita voluntarios para abrir paso en Es Pla pero, a la vez, prohibe la tradición de ensayar los Jocs en los días previos y pide 300 euros a cualquier ciudadano que quiera montar un fester para seguir la tradición. ¿Esta incoherencia, cómo se come? Las tradiciones no deben ser ningún quebradero de cabeza para el político. Le corresponde fomentarlas y gestionarlas, nunca prohibirlas».

Desestimadas las alegaciones que presentó en este sentido en nombre de su asociación, Pons Alzina exige «más cultura política. ¿De qué sirve que en Ciutadella hayan surgido tres asociaciones para la salvaguarda de las fiestas si luego, Dalt la Sala, el político de turno obvia nuestras propuestas. Es alucinante. ¿Y dónde está el Govern? La Administración está quedando retratada».