Un viandante pasa frente a la sede del Ayuntamiento de Maó. | Gemma Andreu

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Los ayuntamientos que liquidaron sus préstamos y redujeron a cero su deuda viva (los créditos asumidos con entidades financieras y avales) a 31 de diciembre de 2022 fueron mayoría en Menorca, un total de cinco de los ocho consistorios cerraron el ejercicio libres de deuda financiera, sin embargo, el volumen de esa deuda no se redujo, sino que por el contrario subió un 63,5 por ciento respecto a la de 2021.

Solo tres ayuntamientos, Ciutadella, Maó y Sant Lluís, mantienen préstamos que suman en total 10.780.000 euros. El grueso de esta cifra, 9.022.000 euros (83,6 % del total), corresponde al Ayuntamiento de Maó, que en 2021 concertó un préstamo por valor de 6 millones de euros que se imputó en el ejercicio de 2022 y, por tanto, hace subir su deuda viva, que al comienzo de 2023 representaba un 27,20 por ciento de los ingresos municipales, considerados a efectos de este cálculo en 36.548.484 euros. Para el final de este ejercicio se prevé que la deuda máxima pendiente del Consistorio mahonés sea de 11,1 millones (un 30,48 % de los ingresos), porque hay un nuevo endeudamiento previsto de 2.846.463 euros.

Según los datos de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (Cirbe), los otros dos ayuntamientos menorquines que tienen deuda viva al cierre de 2022 son Ciutadella, con 1.227.000 euros y Sant Lluís con 531.000 euros.

Se rompe la tendencia a la baja

El último ejercicio rompe la tendencia claramente a la baja de la deuda viva de las corporaciones municipales de la Isla, que en 2012, cuando se aprobó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, acumulaban un endeudamiento de 72,8 millones de euros con las entidades financieras. Pasada una década, en 2021, la deuda viva descendió a 6,5 millones y en 2022 repuntó a 10,7 millones de euros.

La conocida como ‘ley Montoro’ aprobada por el PP condiciona el uso de superávits y remanentes de tesorería por los ayuntamientos, que debían amortizar deuda; ahora la aplicación de la ley está suspendida desde 2020, cuando se relajaron las reglas fiscales y de control del déficit para afrontar la pandemia. Antes de la crisis sanitaria, en 2019, los consistorios menorquines debían a los bancos 16,5 millones de euros, con Ciutadella a la cabeza y una deuda viva de 7,3 millones. Al cierre de ese ejercicio previo a la emergencia mundial por la covid-19 solo un municipio de la Isla se hallaba a cero, Ferreries.

La situación en el Consell

En cuanto al Consell, la evolución de la deuda ha sido también descendente en la última década. La información remitida por el Banco de España al Ministerio de Hacienda sitúa la deuda viva de la institución insular en 2,2 millones de euros al finalizar el ejercicio 2022. La cifra continua así con la curva descendente del endeudamiento, que fue de 3,6 millones en 2020, de 2,7 millones en 2021 y ahora se rebaja en otro medio millón.

Todos ellos fueron años de gasto extraordinario para afrontar el escenario de crisis social, económica y sanitaria de la pandemia, y aún así, la deuda viva del Consell fue bajando, ya que en 2019 era de 10,9 millones de euros. En 2012 se acercaba a los 40 millones de euros.