Un agente de la Policía Local precinta los surtidores de gasolina el pasado junio. | Katerina Pu

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El futuro de la gasolinera de Galp en Son Vilar sigue pendiente de los juzgados después de que el Ayuntamiento de Es Castell haya desestimado el proyecto de demolición que presentó la empresa, obligada a cerrar y desmantelar la estación de servicio por sentencia firme que declaró improcedente la licencia concedida en 2016. La mercantil Gasolina y Gasoils Low Cost Menorca S.L., propietaria de la estación de servicio, presentó en septiembre el proyecto de demolición de las instalaciones pero este, según el informe técnico municipal, no cumplía lo previsto en la sentencia, ya que pretendía mantener en pie algunos de los surtidores y también el supermercado.

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«No se ajustaba a la sentencia»

A la vista de que «no se ajustaba al mandato del juez ni de la sentencia», explica el alcalde Lluís Camps, la decisión municipal fue desestimatoria, lo que provocó que la empresa presentara un nuevo recurso judicial. «Ahora estamos pendientes de lo que decida el juez, estimamos que es lo mejor ya que la cuestión está judicializada, preferimos tener certeza a la hora de actuar», señala Camps, quien insiste en que lo que planteó Galp era una «demolición parcial» y no el desmantelamiento total que recoge la sentencia. No obstante el alcalde añade que «estamos abiertos a negociar» para que, en el caso de que se plantee una reclamación de indemnización por parte de la empresa, esta sea «lo menor posible» e insiste en que «defenderemos los intereses generales del pueblo». Además señala que el proyecto de demolición, cuando se vuelva a presentar, será tramitado con la máxima urgencia. La licencia se declaró improcedente porque se tramitó tomando como referencia el supermercado –que años antes de la apertura de Galp ya había funcionado–, por lo que los surtidores tenían que haber sido una actividad complementaria y no la principal, como se hizo.

El apunte

Un litigio que nace de la pugna entre empresas del sector de los carburantes

La competencia en el sector de los carburantes motivó el litigio iniciado en 2019, cuando Estación de Servicio Roselló SL interpuso un recurso contra la licencia municipal que permitió la construcción y apertura de Galp en SonVilar. A no mucha distancia pero en término de Maó, en el cruce de Abu Umar, están los surtidores de Roselló. El pleito prosperó y después de un recorrido judicial, en 2022 se convirtió en firme la sentencia que declaró improcedente la licencia y ordenó la demolición.