El gobierno del PP aprovechará la modificación del Plan Territorial Insular (PTI), prevista en el primer trimestre de 2024, para variar los requisitos, en especial el que fija la superficie de construcción máxima legalizable en 90 metros cuadrados por parcela.
En su lugar, plantea tomar como baremo la superficie media edificada en cada núcleo, un criterio que -recuerda la consellera NuriaTorrent- permite la Ley de Urbanismo de Balears y que sintoniza con el parecer del actual gobierno de Ciutadella, el municipio donde la problemática es mayor.
Diferente en cada zona
«Si queremos resolver el problema, cabe ser generosos», dice el primer teniente de alcalde Joan Benejam, quien cree que «se deben dar facilidades a los propietarios para que se avengan a legalizar sus construcciones pues, si dejamos fuera la mayoría de lo que ya está erigido, no mostrarán interés en colaborar».
Benejam sostiene que cogiendo como referencia la edificación media en cada núcleo rural se da amparo legal al menos a la mitad de lo construido y se aplica un criterio más justo para afectar más a quien más se ha excedido. En cambio, «con el límite de los 90 metros cuadrados y una planta de altura solo podríamos legalizar una cuarta parte y dejaríamos fuera de ordenación el 75 por ciento de las construcciones».
No se trata del único cambio. El Consell sopesa modificar también el sistema de compensación, que dejaba hasta ahora el proceso de legalización en manos de los propietarios, por el de cooperación, para que sea la propia administración la que promueva la redacción de los planes especiales con las medidas e infraestructuras que deberá proveerse cada núcleo.
«Tomaremos la iniciativa y requeriremos a todos los ayuntamientos para que nos cedan por pleno sus competencias», anuncia la consellera Torrent. La responsable de Ordenación Territorial adelanta que será la nueva oficina técnica del PTI la encargada de tramitar los planes especiales y cobrar luego a todos los propietarios su contribución especial por las obras de infraestructura que se hayan llevado a cabo.
A partir de entonces, los ‘hortals’ pasarán a tener amparo legal y los propietarios podrán solicitar licencia para legalizarlos, primero, y reformarlos, después, si desean acometer alguna actuación. Es algo que hasta ahora no han podido hacer o han ejecutado sin permiso al hallarse sus casas fuera de ordenación.
El PTI de 2003 y el renovado en mayo por el anterior gobierno de izquierdas dejaban la iniciativa en manos de los propietarios, a quienes daban un plazo máximo de seis años para elaborar los planes especiales e instar la legalización. Pero, en la práctica, este sistema se ha mostrado fallido.
«Cuando una medida está vigente durante tanto tiempo, 20 años, y casi nadie actúa, hay que cambiarla», insiste Joan Benejam, quien no ve otra opción de «arreglar» la controversia urbanística.
Agua, depuración y placas solares
Todos los núcleos deberán tener vías de circulación no asfaltadas de un máximo de cinco metros de ancho y proveerse de agua potable, una mínima red de alumbrado público y sistemas de depuración y saneamiento colectivos, así como sistemas autónomos de tratamiento de las aguas residuales de cada parcela. Deben aportar también mediante instalaciones de energía renovable al menos el 50 por ciento de su suministro eléctrico.
22 comentarios
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Comprar terreno a precio de rustico y que te lo conviertan en urbano es un chollo ¿no?
Lo de sempre.... Diu sa noticia "Ciutadella, el municipio donde la problemática es mayor". Pero, a llevant hi ha un nombre brutal de hortals que a es seu día es van declarar urbans per els seus consistoris, SENSE tenir CONDICIONS ni cap INFRAESTRUCTUEAde ses que pertoquen, nomes uns camina estrets. Sa Llei de Urbanisme de Balears permet revertir aquesta situació. Pero CURIOSAMENT els "técnics" de ordenació i de consorci en rustic de Consell MahonMenorca no han fet cap passa en aquest sentir A pesar de que clavegueram, aceres, vials amb prou ampliada, etc,... ni hi son ni s'els espera ja qué han passat décadas i tot segueix igual. Els mateixos "técnics" que van requalificar de rústic a urba a Son Parc favor de sa constructora VIVE ( curiosament, patrocinador del Menorca Basquet en aquell temps ), i que han permes HORMIGONAR la meitat des terme de sa segona poblacio de s'illa. Lo de sempre. Consell MahonMenorca a lo seu i en sa seua salsa, que es sa "mahonesa", con sempre. Res de nou.
Aquets d'es PP son es que van de "legals" per sa vida....aixì es construex un pais LAGALITZAN TOT LO QUE SIGUI ILEGAL!!!!!!! eso si es pacte d'es govern Ès ilegal.... au anau a xeura!!!!!
Francisco de Asís ZumárragaTù,de on as sortit??? de qui on ets que ès TOT ILEGAL????? festò mira mestre!!!!!!
Francisco de Asís ZumárragaPerdona, però els hortals ni tenen permís, ni pagen IBI ni res de res. L'IBI el començaran a pagar ara quan els legalitzin, però tal vegada ni açò...
Francisco de Asís ZumárragaMuy bueno, la mayoría de " votantes" no ha entendido tu ironía
Ara en arribat els SALVAPATRIAS DE PULSERETA I ROSARI VESPERTI. Com es crans sempre per enderrera.
O sea, que a muchos menorquines les parece bien que se derriben miles de casas después de cuarenta años de su construcción. Construcción que se realizó en las narices de las autoridades urbanísticas, pagando el IBI, declarándolas ante notario, registrándolas en el Registro dela Propiedad. ¿Pero no quedamos en que faltan viviendas en Menorca?
Toni de BinidalíY ara te dones compte que son lo mateix. Mismos perros con distintos collares.
Toni de BinidalíEn realitat, sí que ho has fet. Era pràcticament una promesa electoral amb els propietaris d'hortals il·legals.