«Te detallo la operación de la UA-37». Este es el correo del 10 de diciembre de 2008 en que AntoniCavaller explica a Casasnovas, un año y medio después de dejar de ser concejal, cuáles han sido los beneficios por por la compraventa del solar de Dalt Sa Quintana cuya permuta había promovido desde el Ayuntamiento.

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El caso Nerer amenaza con cerrarse en falso, tras casi ocho años en los juzgados. Los últimos dos y medio con la instrucción paralizada, por la inacción de la juez y la Fiscalía, y la advertencia de dilaciones y prescripción de los delitos que invoca la defensa.

Pero la arenga de la acusación particular, en representación del Ayuntamiento de Ciutadella, llamando a dar «un nuevo impulso procesal» al caso, ha hecho remover los papeles, dentro y fuera del Juzgado. Este diario ha tenido acceso a algunas pruebas documentales y testificales que constan en el sumario y que, pese al tiempo transcurrido, aún no habían trascendido a la opinión pública. Hechos que podrían corroborar la connivencia entre el entonces concejal de Urbanismo y presidente del PP-Ciutadella, Avel·lí Casasnovas, y el entramado societario de los hermanos Cavaller Gener y Fernando Orfila para dar luz verde a las permutas denunciadas por la oposición e investigadas por el Juzgado que, entre 2004 y 2007, hicieron perder al municipio entre 1 y 3 millones de euros.

Pese a que las operaciones se habían consumado diez años antes, no fue hasta enero de 2016, a raíz de la detención por parte de la Guardia Civil de Avel·lí Casasnovas y los empresarios imputados por la Fiscalía Anticorrupción, primero, y el Juzgado, después, que afloraron documentos relevantes que el edil guardaba en la caja fuerte de la casa de sus padres y que, durante el rastreo, fueron intervenidos por la Guardia Civil. El juez que entonces instruía el caso, Juan Pablo Hidalgo, decretó el secreto del sumario y, por ello, el atestado todavía no era conocido.

El 10 de diciembre de 2008, casi año y medio después de que Avel·lí Casasnovas dejase de ser concejal, recibió un correo electrónico de Antoni Cavaller en el que le «detallaba» el montante de lo ganado con la compraventa del solar de Dalt Sa Quintana que el Ayuntamiento había traspasado, a propuesta del entonces edil, como parte de la permuta de S’Hort den Llinyà, la zona verde del Canal Salat. La parcela, que el Consistorio cuantificó en 714.992 euros y por cuyo valor fue inscrita en marzo de 2006 en el Registro de la Propiedad, fue aportada a la sociedad conjunta que la familia Gelabert Fuxà, antigua propietaria de s’Hort den Llinyà, había constituido con los hermanos Cavaller y su socio, Gel-Fux, en la que confluyen los terrenos de ambas permutas. El solar en cuestión fue revendido en noviembre a la promotora catalana Fbex por 1.800.000 euros más IVA (2.088.000 euros), el triple de lo que había costado.

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Fbex pudo así construir un bloque residencial de 132 pisos y tres plantas de altura, una más de las permitidas por el Plan General, a cambio de que, como pidió Casasnovas y finalmente ocurrió, se destinara «a promociones de vivienda social u operaciones de permuta».

En el correo intervenido por la Guardia Civil, Cavaller desgrana por qué Gel-Fux no ganó 1.085.008 euros, la diferencia entre la valoración del solar y su posterior venta, sino la mitad, 518.479 euros. Y lo atribuye al impuesto de sociedades, otros gastos y los trabajos de excavación, cimentación y cierre de la parcela que sus dos constructoras de confianza llevaron a cabo en la parcela antes de su venta.

En cualquier caso, negocios y cuentas privadas de las que Casasnovas debería ser ajeno, puesto que en mayo de 2007 había dejado de ser concejal y nunca constó que perteneciera a la sociedad. Aún así, conservó durante 8 años el correo en su caja fuerte, hasta que fue requisado por orden judicial.

También se encontró una hoja de encargo del 27 de octubre de 2015 de los hermanos Gelabert Fuxá respecto de s’Hort den Llinyà, así como diversos pagarés a nombre de Avel·lí Casasnovas con vencimiento en 2019.

El apunte

El Ayuntamiento mantendrá su personación hasta el fin del caso

Ciutadella seguirá adelante con el proceso judicial, en el que ejerce la acusación particular a través del abogado Francesc Marquès. La alcaldesa Juana Mari Pons Torres ha confirmado que el gobierno del PP en minoría ha decidido mantener su personación «a través de los servicios jurídicos del consistorio» hasta el total esclarecimiento del caso, pero no realizará declaraciones públicas al respecto.