Los radares sancionarán a partir del primer trimestre de 2024.    | Gemma Andreu

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La junta de gobierno del Ayuntamiento de Maó aprobó el miércoles la licitación del servicio de gestión y recaudación de multas que pasen al proceso ejecutivo.

Se trata de la contratación del servicio de asistencia técnica y de colaboración en la gestión administrativa y de recaudación de sanciones de tráfico que hasta ahora se hacía a través de un contrato externalizado adherido a la Federación Española de Municipios y Provincias.

El equipo de gobierno considera que esta contratación anterior no respondía exactamente a las necesidades de la ciudad por cuestiones que no eran debidamente atendidas, de ahí que haya tomado la decisión de licitar el servicio de forma directa. «La verdad es que no quedamos en absoluto contentos con el funcionamiento», ha explicado la teniente de Alcaldía de Régimen Interior, Elena Costa, para justificar el cambio.

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Entre ellas figura la necesidad de contar con unas dependencias físicas en las que se pueda atender a los ciudadanos que lo requieran en horario de oficina, con cinco personas, al menos, entre gerente y empleados, según consta en el pliego de condiciones. En el anterior contrato una persona atendía las demandas una vez a la semana.

La licitación saldrá a concurso por un periodo de tres años, ampliable a otros dos, con un precio base de 1.047.860 euros, distribuidos en 260.000, 523.000 y 261.000 euros por año.

Por otro lado, el Ayuntamiento tiene previsto que los radares de la Vía de Ronda comiencen a aplicar sanciones de tráfico durante el primer trimestre del nuevo año, como ya había anunciado el alcalde, Héctor Pons. La regidora, Elena Costa, indicó ayer al respecto que se informará convenientemente a la ciudadanía sobre el inicio del periodo sancionador.