Inmaculada Granell: «Cuando dirigía la Casa de la Infancia no ocurría nada que no suceda ahora»

Inmaculada Granell, que desde 1998 trabajaba para el Consell, fue expedientada en enero de 2022 y apartada fulminantemente de la dirección de la Casa de la Infancia, a la que había accedido por concurso solo siete meses antes. Se la acusó de faltas muy graves por desobedecer órdenes, no cumplir sus funciones ni los protocolos y no proteger a los menores bajo su tutela. Faltas que comportaron su suspensión de empleo por espacio de 7 años y medio y la pérdida definitiva del puesto de trabajo.

Granell, quien tras el expediente se jubiló de forma anticipada, ha rehusado recurrir la decisión ante los tribunales para no seguir «todo este circo político de miedos y vanidades» que la sumió en «una profunda depresión. No me apetece revivir situaciones que para mí han sido muy traumáticas». También ha valorado que, en caso de ganar el contencioso, «las personas que me han causado tanto daño ni se enterarían», al no tener los políticos responsabilidad civil, y solo habría consecuencias económicas «que acabaría pagando el ciudadano».

Pese a ello, Granell lamenta que «se me acuse de todo lo sucedido y de lo no sucedido en la Casa de la Infancia cuando, en realidad, no ocurrió nada que no hubiera ocurrido antes y que no siga ocurriendo ahora». Es más, recuerda que asumió la dirección en el segundo semestre de 2021, «en plena pandemia de covid, con los niños y adolescentes encerrados en el centro las 24 horas del día, con la necesidad de reestructurar espacios y habitaciones para aislar a los contagiados y con una ocupación del centro por encima de las plazas disponibles».

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En septiembre de 2021 redactó un informe muy crítico sobre la situación que se había encontrado, en el que explicaba las deficiencias estructurales, de personal y de coordinación del centro. «Ahí se empezó a gestar la necesidad de apartarme del servicio. Es posible que precisaran una directora que fuera ‘amiga’ y que no se atreviera a plantear abiertamente las necesidades o criticara el funcionamiento del centro».

En su opinión, el motivo real de expedientarla «no fue proteger a los menores, sino el miedo, la inseguridad y la necesidad de autoprotegerse» que sintieron la entonces directora insular Pilar Carrasco y la consellera Bárbara Torrent, que «entraron en pánico ante el análisis de la situación y las peticiones que los profesionales estábamos haciendo, a lo que se sumó la existencia de problemas reales y continuos».

A partir de ese momento, la funcionaria dice que el jefe del servicio, Jesús Barrasa, con el que mantiene una «manifiesta disparidad de criterios», y la directora insular empezaron a presionarla y a mandar correos en los que «descalificaban reiteradamente el trabajo de los profesionales, no paraban de dar órdenes absurdas, difíciles de cumplir, faltas de ética y coherencia procedimental». Todo ello derivó en el expediente disciplinario, que se le abrió hace dos años y que se resolvió definitivamente este enero.

Pocos días después de la apertura del expediente, 26 trabajadores de la Casa de la Infancia mandaron un escrito a la entonces consellera de Servicios Generales, Noemí Gomila, en su defensa. Recalcaron «la gran responsabilidad» y la «implicación personal y profesional» de Inma Granell al frente del centro. Pero «ni se hizo caso alguno de las consideraciones de los trabajadores», ni del testimonio de los profesionales que «desmienten determinadas acusaciones, las clarifican y justifican el porqué de muchas de mis actuaciones». Lo que la lleva a concluir que «la decisión estaba tomada antes de iniciar la instrucción. No hubo ningún interés en averiguar o aclarar lo sucedido. Solo les importaba quitarme de en medio».