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Cucarachas esparcidas por la cocina, paredes desconchadas, techos que amenazan derrumbe, goteras, humedad... convierten la vivienda que ocupa Montserrat Cuffí, en la calle Infanta de Maó, en una casa inhabitable. La misma casa fue de su propiedad hasta que hace unos cinco años la falta de ingresos para hacer frente a la hipoteca le obligaron a recurrir a la dación en pago pasando a manos de una entidad bancaria. Dos años después, enterada que la vivienda estaba en un programa de alquileres sociales de la nueva propiedad la mujer solicitó su arrendamiento y lo consiguió. Han pasado tres años desde entonces y el deterioro de la casa, donde también conviven dos perros, es tal que seguir en ella bajo esas condiciones se convierte en un ejercicio peligroso.

El desencuentro de Montserrat Cuffí con la institución bancaria, dueña del inmueble, le ha llevado a ponerle una demanda en el juzgado por el estado en el que se encuentra la casa. La entidad, asegura, «me ha dicho que yo era la antigua propietaria y que era mi problema cuando la realidad es que la casa estuvo cerrada dos años y eso fue lo que provocó su estado actual».

Montserrat Cuffí paga 143 euros al mes mientras cobra una ayuda de 365 euros por una invalidez del 69 por ciento. «He intentado pactar con ellos para que me den otra vivienda de protección oficial pero ni siquiera me han contestado y yo no tengo por qué arreglar una casa que es suya. No son faltas de mantenimiento sino obras grandes, yo viví trece años antes aquí y la casa estaba bien cuando tuve que darla en pago».

Hace dos meses la entidad bancaria inició un expediente de desahucio contra la arrendataria por un conflicto con dos facturas del IBI, anteriores a la ocupación del alquiler, «y yo las pagué, pero les correspondía a ellos, por eso luego las compensé dejando de pagar dos mensualidades que son las que me reclamaban para desahuciarme».

El abogado de la afectada, Francisco Yagüe, consiguió frenar el desahucio y aguarda el resultado del recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial. «La entidad no tenía que alquilar una propiedad si sabía por ejemplo, que el tejado estaba podrido», señala el letrado mientras su cliente aguarda una solución.

«Si el problema es del edificio, nos haremos cargo»
Desde el gabinete de prensa de la entidad bancaria propietaria de la casa, informan que «la petición de este inmueble se cerró en 2012, pero si ahora vuelve a tener un problema de humedad o lo que sea enviaremos al servicio técnico y de mantenimiento a ver qué sucede y si el problema es del edificio o de la vivienda inherente a la construcción, evidentemente, nos haremos cargo». Montse Cuffí, sin embargo, dice que en Menorca, a través de la empresa que gestiona las viviendas sociales de la entidad arrendadora, le dijeron que era ella quien debía afrontar el arreglo del deterioro. Cuffí vive en el inmueble desde hace tres años, junto a dos perros aunque afirma que la precariedad de la vivienda se debe al desgaste de su tejado y a las filtraciones de agua que existen en varios puntos.