El Cuerpo Nacional de Policía controla en este inicio de año un total de 47 órdenes de protección activa a mujeres que han sido víctimas de maltrato en el ámbito de la violencia de género. Se trata de órdenes preventivas, decididas por la propia Policía, en algunos casos, a partir de la denuncia de la víctima, o como resultado de un auto judicial en otros antes o después de la celebración del juicio.
De las 47 órdenes activas, 23 están ubicadas en la zona de Ciutadella y 24 en la de Maó y otros pueblos del levante insular. Son los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de cada comisaría, nueve entre ambas, los encargados directos de la protección a las víctimas y la investigación de los casos, aunque además de los agentes específicos de esta unidad, los de Seguridad Ciudadana, especialmente, se suman al servicio cuando es necesario por lo que el trabajo, aunque exigente, sale adelante, apuntan desde la Comisaría de Ciutadella. La mayoría de casos actuales son de nivel de riesgo bajo o no apreciado.
En el año 2018 las fuerzas policiales se ocuparon de 103 órdenes de protección a víctimas de violencia de género, 68 de ellas en Ciutadella y 35 en la zona del levante insular dictadas por el juzgado.
«Nos guiamos por el protocolo», explica Juan, uno de los agentes de la UFAM en la ciudad del poniente insular. La mujer que acude a la Comisaría a denunciar recibe información completa de los recursos que pone el Estado a su alcance, incluidos los teléfonos corporativos de los propios agentes de la unidad que están operativos las 24 horas los 7 días a la semana.
Una vez el órgano judicial confirma la orden de protección, como sucede en la mayoría de los casos, los datos se introducen en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Guardia Civil y Policía Nacional tienen acceso a la información en todo momento, pero no las policías locales a las que ahora se pide una mayor presencia tras la creación de un nuevo programa de colaboración con el CNP impulsado por el Ministerio.
La víctima vuelve a recibir la información tras el dictamen judicial en base al nivel de riesgo que se considera en su caso -bajo, no apreciado, medio, alto y extremo, este último muy poco frecuente en la Isla a pesar de que se registra prácticamente una denuncia diaria por maltrato. «Lo que nos interesa es la víctima», explica el agente, por eso obtienen información sobre el maltratador. Si este posee antecedentes y es problemático se le cita en Comisaría para comprobar el riesgo que ofrece y su talante ante la nueva situación que debe afrontar.
Las órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación dependen de las circunstancias. No hay una distancia mínima porque acusado y víctima pueden vivir en la misma calle si aún tienen dependencia familiar. En todo caso «es el maltratador el que debe tener cuidado y saber que no puede ir, por ejemplo, a la discoteca si sabe que ella la frecuenta». Señalan desde la UFAM en Ciutadella, que los jueces suelen ser implacables con los quebrantamientos de condena, «si se repiten los envía a prisión después de que haya sido detenido de forma inmediata cuando la víctima nos avisa».
Programa VioGèn
El trabajo de los agentes es incómodo pero gratificante, con llamadas periódicas a las víctimas y acompañamientos si es necesario. «Procuramos no dejar nada al azar». En verano la tarea se multiplica por la presencia de turistas o trabajadores que llegan de fuera de la Isla. «Recibimos la información a través del sistema VioGén porque la víctima debe comunicar en la Comisaría más próxima su traslado y la nueva dirección, e inmediatamente nosotros la asumimos porque recibimos los datos y hemos de estar pendientes». Si hay alguna sospecha, «el coche policial está permanentemente en la puerta de la casa de la víctima, aunque no es habitual».
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