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El pasado 11 de octubre la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Cristina Latorre, se desplazaba a Ciutadella para visitar el solar de Santa Rita de 6.600 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento, donde debe levantarse la nueva sede judicial única de la ciudad. Fue, entonces, una nueva declaración de intenciones que la alcaldesa Joana Gomila calificó como «el día más importante» para los futuros nuevos juzgados de la ciudad. La presencia ministerial se concretó, sin embargo, en la confirmación de la voluntad para hacer realidad esta obra, sin compromisos ni plazos a la vista.

Y así pasa el tiempo. Se cumplen más de dos décadas desde la demanda histórica de unos nuevos juzgados para Ciutadella y pese a las denuncias del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears, Antoni Terrassa, en cada memoria anual calificando como «calamitoso» el estado del juzgado, no se ha arbitrado una solución provisional y la definitiva tardará años.

La situación es especialmente insoportable en este Juzgado de Instrucción número 2 que ocupa una segunda planta del edificio de la calle República Argentina, destinada a ser la vivienda del agente judicial en 1998. Ya era insostenible hace dos años y medio, por lo que es fácil imaginar cómo se encuentra en la actualidad hasta el punto que los funcionarios han de compaginar el uso del cuarto de baño con el del lugar donde guardan nevera, microondas y otros utensilios de cocina para tomar un café junto al inodoro, por ejemplo.

Manuel Romero, coordinador de la Comisión de Justicia del sindicato Comisiones Obreras, en Balears, denuncia el hacinamiento de los once funcionarios que trabajan en esta sede -juez, secretario y nueve personas de tramitación, gestión y auxilio-, con toda seguridad una de las peores del territorio nacional para los propios trabajadores y para los ciudadanos que deben acudir al juzgado.

Romero, junto a otro delegado, visitó las sedes judiciales de Maó y Ciutadella. Ambos impartieron formación a nuevos empleados, «porque el Ministerio no lo hace», y tomaron nota del estado de las instalaciones. Su radiografía del ‘número 2’ de la ciudad del poniente insular es demoledora. «El personal toma el café en el water, los expedientes llegan hasta el techo y están extendidos por todas partes, si algún día hay un incendio los funcionarios que están al final del pasillo no podrán salir», relata para denunciar las insuficientes medidas de seguridad. Hasta cinco trabajadores comparten una de las minúsculas habitaciones para trabajar con una falta de espacio lamentable, y el acceso para las personas con movilidad reducida es imposible debido a las escaleras. «El Ministerio no debería permitirlo, y no es por falta de recursos económicos porque los tiene y no los utiliza».

La acumulación de expedientes crece en los pasillos hasta el techo y desde hace un tiempo se envían a los archivos de los nuevos juzgados de Maó por una falta de espacio obvia lo que ralentiza los procedimientos a la hora de recuperarlos.

Las comparecencias se realizan con dificultades extremas y unos tienen que salir para dejar espacio a otros. No hay sala de vídeoconferencia. «Parece que Menorca no es Balears porque este es, con diferencia, su peor juzgado, la situación es extremadamente grave», indica Romero. Asegura el representante sindical que han remitido escritos de protesta a la delegación del Gobierno, pero no hay respuesta.