Son las medidas adoptadas ayer en la reunión celebrada en la sede de la primera institución insular, bajo la presidencia de la directora insular de la AGE, Isabel López, y la consellera de Bienestar Social, Bárbara Torrent, en la que se trató la necesidad de elaborar un protocolo de actuación ante nuevos casos como este.
El encuentro adquirió una nueva trascendencia una vez se había acordado la puesta en libertad de los siete adultos por falta de plazas en los siete Centros de Internamiento de Extranjeros existentes en España. Es la misma situación que vivieron los otros diez argelinos que también llegaron en patera a la Isla el 13 de agosto. En este caso será el Fons quien asuma su alojamiento al no haber plazas suficientes en la Casa de Acogida del Ayuntamiento de Maó donde podrán acudir a desayunar, comer y cenar mientras estén aquí.
Los diez argelinos pasaron la noche del martes en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, a la que fueron conducidos desde el cuartel de la Guardia Civil donde se hizo la primera lectura de sus derechos. Seis de ellos declararon ser menores de edad pero las pruebas a las que fueron sometidos en la larga noche del martes determinaron que solo tres no alcanzan los 18 años.
Su desembarco se produjo en la zona de En Caragol, entre Binibèquer y Punta Prima. La Policía Local de Sant Lluís y minutos después la Guardia Civil procedieron a su detención. Los diez jóvenes de entre 17 y 25 años llegaron indocumentados tras una travesía de 4 días desde su país, aunque provistos de teléfono móvil y algo de dinero.
La Policía Nacional les extendió una documentación provisional que les sirve para circular durante un mes. En ese tiempo debe haber disponibilidad en algún CIE al que podrán ser trasladados, mientras se tramita la devolución a su país, por lo que volverían a ser detenidos como sucedió con los compatriotas que llegaron en agosto. Estos fueron puestos en libertad en Madrid hace dos semanas al no poder documentarse su filiación.
