La rentabilidad de la huelga encubierta del fútbol balear y del resto de Territoriales que han aplicado la misma medida de presión contra el Gobierno la conoceremos en adelante. No parece, sin embargo, que el eco nacional de los parones haya sido tan rimbonbante como para ablandar la firme convicción del Consejo Superior de Deportes decidido a regular fiscalmente cuantos movimientos en negro se operan en el fútbol modesto del territorio español.
La solución, en todo caso, pasa por un plan especial que permita a las entidades sin ánimo de lucro ajustarse a la ley sin que su aplicación haga peligrar su subsistencia o grave aún más el bolsillo de los padres. A priori la consecuencia de tener que abonar impuestos es elevar las cuotas del fútbol base y las familias no están por esa labor. El balompié aficionado y el de categorías menores subsiste a duras penas por el altruismo de quienes lo manejan más allá de las compensaciones económicas puntuales que reciben los colaboradores de los clubes.
«No es esto lo que queremos para nuestro fútbol», admitía ayer Miquel Bestard, presidente del fútbol balear, quien sin embargo, aventura nuevas movilizaciones si el Consejo Superior de Deportes no arbitra una solución que flexibilice la norma. Mal asunto porque, en una primera evaluación de lo sucedido este fin de semana, los únicos perjudicados han sido los miles de niños y adultos que se han quedado sin practicar su deporte favorito. Ellos han sido los que han padecido el parón que debe abrir los ojos al CSD. Si no es así, los federativos deberán buscar otra fórmula que no castigue a los deportistas.
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