La consellera de Ordenación del Territorio del Consell de Menorca, Marta Vidal, elevará al pleno que la institución insular celebrará el 21 de julio la propuesta para que los ocho ayuntamientos puedan legalizar edificaciones en suelo rústico con infracciones ya prescritas.
Entre los requisitos que se exigirá para acogerse a este procedimiento, impulsado por el Govern balear, sobresale que estas construcciones no cuenten con expediente de disciplina urbanística incoado ni pueda actuar la administración al haber transcurrido el plazo de prescripción de la infracción.
La existencia de estas edificaciones pone de manifiesto que hay ciudadanos que han infringido las leyes, pero también evidencia el fracaso en la gestión de la disciplina urbanística, con una situación de facto, consentida y tolerada por los sucesivos ayuntamientos, que no han querido enfrentarse.
Esta legalización no puede convertirse en una amnistía, por lo que se debe exigir el pago, como mínimo, del 15 por ciento del valor del proyecto; instalación de fosas sépticas, eliminación de materiales contaminantes e incorporación de las edificaciones a los controles urbanísticos de los municipios.
