La Audiencia de Palma ha ratificado que la querella de la Fiscalía Anticorrupción y el Consell insular por el 'caso Cesgarden' carece de recorrido jurídico. Los magistrados de la Audiencia, en un auto contundente, que no admite recurso, concluyen que en su momento, el Consell de Menorca ni aportó los documentos ni planteó cuestiones esenciales que, de haber sido correctamente defendidas y argumentadas, habrían motivado otra sentencia. Pero no hubo diligencia.
No es momento de lamentaciones ni de reproches, porque el Consell -o sea, todos los menorquines- deberemos pagar una indemnización de 28,8 millones hasta el año 2023.
Es el momento de exigir responsabilidades. En primer lugar a los abogados, tal como indica la Audiencia al Consell: si no les gusta la sentencia 338/2011, dictada por el Tribunal Superior de Justícia, que dio la razón a Cesgarden, que pidan explicaciones, civiles y deontológicas, a los letrados encargados de defender los intereses de la institución. También hay que reclamar explicaciones y responsabilidades políticas, que se desprenden del auto de la Audiencia. Cerrada la vía judicial debe abrirse la exigencia a quienes gobernaron el Consell del 2003 al 2011.
