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El Consell de Menorca fijó ayer, con claridad y contundencia, su posición ante la petición, aún no cuantificada, de la UTE Dragados-Antonio Gomila, para revisar e incrementar el presupuesto de ejecución de las obras de mejora de la carretera general en el tramo Maó-Alaior. La posición del equipo de gobierno que preside Santiago Tadeo queda recogida en la «defensa de los intereses públicos dentro del más estricto marco legal y con la flexibilidad que ley contempla». Pero al mismo tiempo ha advertido que si esta defensa «comporta la suspensión de la licitación por diferencias económicas insalvables, lo asumirá como una más de sus responsabilidades».

El conseller de Movilidad, Luis Alejandre, ha destacado que las constructoras, que acudieron libremente a la licitación, dispusieron de siete meses para verificar y consolidar su oferta: «No deja de ser extraño que presente una modificación de proyecto tres meses después de haber empezado».

Corresponde a la UTE  justificar y cuantificar las diferencias que, según su criterio, van a encarecer esta infraestructura viaria. La dirección de las obras informará si procede aceptarlas o adoptar otras decisiones.