La divulgación del expediente que el Consorci en Sòl Rústic instruye contra el concejal y candidato del PP a la alcaldía de Es Migjorn, Ramón Verdú se añade a la tensión política que late en esta población.
Una crispación que ya se había visto acentuada por la denuncia del PP ante la Fiscalía contra los socialistas Pere Moll y Elena Baquero; a la que poco después siguió la denuncia del gobierno local del PSOE contra el edil del PP ante el Consorci.
Constituye un deber legal y moral, de cualquier servidor público, no permanecer impasible ante comportamientos que puedan comprometer el Estado de Derecho. Pero las administraciones públicas, sus procedimientos e instituciones no se pueden utilizar como arma arrojadiza y Es Migjorn no merece ver reducida su política municipal a enfrentamientos personales. Debemos exigir ejemplaridad a nuestros servidores públicos, pero en la lucha política no todo vale y sus obligaciones incluyen el necesario deber de confidencialidad. Ante la inminencia de las elecciones municipales, Es Migjorn necesita sosiego, mientras se llevan a cabo los procesos, judiciales o administrativos, para determinar si se han producido irregularidades y, en su caso, exigir responsabilidades, también políticas.
