Editorial03/03/15 0:00
TW

El pulso que el 18 de diciembre abrió con el Consell la UTE que ejecuta la mejora de la carretera general en el tramo Maó-Alaior al solicitar la suspensión temporal de las obras, se resolvió ayer a favor de la institución insular cuando Dragados y Antonio Gomila decidieron reemprender la actividad. Atrás queda el amago de renuncia, pero sobre la mesa del Consell se encuentra la modificación de proyecto presentada por las dos empresas con un sobrecoste que asciende a 2,8 millones de euros.

La firmeza con que ha actuado el equipo de gobierno del presidente Tadeo, que no se ha amilanado ante las exigencias de la UTE adjudicataria a solo tres meses de las elecciones, permite abrir un escenario de diálogo para revisar determinados aspectos del proyecto.

Pero el Consell de Menorca debe perseverar y continuar en la posición de defensa de los intereses generales, tal como manifestó el 8 de enero al explicar que no existe ningún compromiso para aumentar el coste de las obras e incluso advirtió con una nueva licitación si las diferencias eran insalvables. La UTE debe reanudar las obras y justificar sus pretensiones. Decidirán los técnicos.