Editorial17/04/15 0:00
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El exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía, Rodrigo Rato, fue detenido ayer tras haber sido registrado su domicilio en Madrid en busca de pruebas por presuntos delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Esta actuación de la Agencia Tributaria forma parte de la investigación de la que está siendo objeto quien fue personaje clave de los gobiernos presididos por José María Aznar por un posible delito de blanqueo de capitales tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012.

El comportamiento de Rato pulveriza el mínimo exigible de ejemplaridad para un político que tuvo en sus manos la gestión de inspección tributaria del país. No debe extrañar la indignación ciudadana, pero también es cierto que, tal como aseveró ayer el ministro Justicia, Rafael Catalá, esta actuación demuestra que el Estado de Derecho funciona y que el peso de la ley es igual para todos. En esta línea se expresó el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que este fin de semana estará en Menorca: no puede haber excepciones a la hora de exigir el cumplimiento de la ley a cualquier ciudadano. Y Rodrigo Rato no puede ser una excepción.