Comportamientos como el que ha desvelado el nuevo Govern respecto a 25 altos cargos de la Comunitat Autònoma de la pasada legislatura que no han devuelto los teléfonos de última generación que tenían a su disposición, confirma que todavía hay políticos -en este caso vinculados al Partido Popular- que no asumen la necesidad de aplicar cambios profundos al incorporarse a la función pública.
No es admisible ninguna confusión entre lo público y lo privado. No se justifica que quien haya desempeñado un cargo político se apropie de un teléfono de gama alta -alguno valorado en hasta 900 euros- al concluir su mandato. Un 'olvido' inaceptable. Es necesario recuperar principios éticos olvidados y devolver a la Administración todos los instrumentos que recibieron para desempeñar sus funciones.
Cuestiones como ésta no pueden ser calificadas de anecdóticas o minimizadas como el 'chocolate del loro' en relación a las grandes cifras de las cuentas públicas. Es necesario y urgente un punto y aparte en usos que se habían consentido. No puede haber excusar y estos 25 altos cargos del Govern ya saben que o devuelven el teléfono o lo compran y lo pagan.
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