La paralización de las obras de la carretera general en el tramo Maó-Alaior para la redacción y adjudicación de un nuevo proyecto fue justificada ayer por la presidente del Consell, Maite Salord, quien afirmó que era «inviable por sus carencias y por el sobrecoste». El Partido Popular, desde la oposición, advirtió que esta «decisión política» podrá costar más del doble de lo previsto por el Consell.
El equipo de gobierno de la institución insular -formado por PSOE, Més y Podemos- y la oposición mantienen criterios e interpretaciones discrepantes con una serie de dudas que deben obtener respuesta. Porque en esta obra pública de mejora de la red viaria alguien falta a la verdad o bien no se ha contado toda la verdad. Por tanto, hay que aclarar si es cierto que el Consell debía asumir el sobrecoste exigido por la UTE concesionaria, al que se negó el anterior equipo de gobierno.
También deben darse a conocer el contenido y el calendario de la addenda al convenio de carreteras que ha sido gestionadao por el gobierno insular tripartito con el Ministerio de Fomento. Al mismo tiempo, el Consell debe acelerar la gestión para evitar más demoras y nuevos sobrecostes.
