La decisión del Govern presidido por Francina Armengol de impulsar una normativa que imponga a los bancos el alquiler de viviendas de su propiedad, asumiendo el Ejecutivo autonómico el control de los arrendamientos, debe valorarse como una iniciativa para hacer realidad el derecho constitucional de una vivienda digna.
Las entidades bancarias no saldrán perjudicadas porque se les abonará la diferencia entre la cantidad que pague el arrendador y el precio de mercado. A cambio, importantes colectivos -sobre todo jóvenes- podrán acceder a un domicilio. La crisis del sector inmobiliario, que ha arrastrado al resto del tejido productivo, ha causado estragos. Cayeron infinidad de empresas, el paro se incrementó de forma alarmante y el miedo entró en las venas de la sociedad. Favorecer el acceso a la vivienda constituye un impulso a la recuperación. Aún cuando los bancos miren con resquemor esta acción política del Govern sobre su patrimonio inmobiliario, deben aceptar que es una iniciativa para dinamizar el mercado. Las viviendas son un gran bien en sí mismas, siempre que el sector funcione con normalidad. Sería un contrasentido no comprenderlo.
