Editorial14/06/16 0:00
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El Govern ha decidido aplazar el debate de dos importantes leyes que generan una viva polémica y debate social: la de evaluación ambiental y la de bienestar animal. El retraso en la primera provoca graves perjuicios económicos, todo por una cuestión de oportunismo político ante la próxima cita electoral del 26-J. La paralización de este texto legislativo deja en el aire inversiones urbanísticas al suprimir la actual moratoria sobre la dotación del alcantarillado en las zonas urbanas para obtener licencia municipal.

El parón de la segunda ley prolonga la incertidumbre sobre el alcance de la prohibición de fiestas con la participación de animales. La inseguridad jurídica no favorece la actividad económica y desmotiva a los emprendedores. A partir del 23 de junio, por imperativo legal, no podrán autorizarse nuevas construcciones en suelo urbano que carece de red de saneamiento porque son los ayuntamientos los que han incumplido la ley al no haber ejecutado las infraestructuras.

El Govern rehuye la polémica ante las próximas elecciones. Decisiones de esta naturaleza confirman que el 26 de junio es mucho más que el Gobierno central lo que está en juego.