Editorial26/12/16 0:00
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El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del Consell para abrir un proceso de revisión extraordinario de la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Balears que en mayo del 2011 condenó a la institución insular a pagar 28,8 millones a la promotora Cesgarden. Toda la argumentación del Supremo se reduce al incumplimiento, por parte del Consell, del plazo de tres meses para interponer el recurso desde que conoció la «maquinación fraudulenta» en la transmisión de los terrenos entre Siteme y Cesgarden.

Queda claro que los documentos que acreditan este fraude eran conocidos por el Consell desde 2010, o sea, antes de la sentencia del Tribunal Superior de Balears. Una nueva evidencia de los gravísimos errores procesales del Consell.

El Supremo califica de «apodícticos» los pobres argumentos de la institución menorquina sobre este punto fundamental, porque el abogado del Consell nada dijo sobre la única cuestión que ha resultado determinante: nueva debacle procesal.

Esta sentencia no valora si hubo «maquinación fraudulenta», pero el fiscal es contundente: no hubo y punto. La opción por la vía penal, la única posible, ha quedado muy tocada.