Los cambios que pretende introducir el Govern en la Ley de la Función Pública no mejorarán la eficacia de la Administración. La ineficiencia no es atribuible en exclusiva a los trabajadores públicos, que deben aplicar una maraña de normas y reglamentos sometida a constantes modificaciones. Reducir la burocracia y agilizar los trámites constituyen las dos prioridades. No tiene sentido aplicar 'castigos' de dudosa legalidad y eficacia como el traslado forzoso de los funcionarios más indolentes.
La percepción ciudadana se fija en que el papeleo retrasa cualquier trámite administrativo, lo que es motivo de malestar, acentuado cuando no hay atención al público, como ha sucedido esta semana en Ciutadella por la ausencia de todos los técnicos de Urbanismo. Es cierto, como afirma la alcaldesa Joana Gomila que tienen derecho a las vacaciones, pero ¿por
qué falla la organización de estas vacaciones cuando hallamos las puertas cerradas? Los funcionarios son servidores públicos, y quienes ejercen responsabilidades políticas de gobierno en los ayuntamientos o el Consell insular, deben gestionar con más rigor los recursos humanos para dar una buena atención y evitar demoras innecesarias.
