Editorial15/02/18 0:00
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Todos los grupos políticos con representación en el Parlament apoyan la modificación de los artículos del Estatut d'Autonomia que otorgan aforamiento judicial a los diputados y los integrantes del Govern. La decisión final corresponde a las Cortes porque afecta a una ley orgánica. La eliminación de este trato privilegiado en el ámbito judicial para la clase política, centrado en el Tribunal Superior, supone acabar con una situación incomprensible para la ciudadanía y casi excepcional en la mayoría de democracias.

El gesto de las formaciones políticas de Balears es testimonial porque el recurso al aforamiento es cada vez más esporádico y en muchas ocasiones se renuncia de manera expresa. Pero la unanimidad con que se aborda esta modificación del Estatut adquiere un importante sentido y valor simbólico al aproximar la clase política a los ciudadanos. Así, suprimir los aforamientos supone una decisión que debería haberse aprobado y aplicado hace tiempo.

Queda mucho todavía para que los niveles de exigencia en nuestro país sean equiparables a los de los países sajones, por ejemplo. El ejercicio de la política y la gestión pública exigen transparencia y ejemplaridad.