Las investigaciones judiciales en marcha han evidenciado la existencia de una trama auspiciada desde el aparato del Estado para desacreditar a una formación política, Podemos, y en concreto a su líder, Pablo lglesias. La participación del excomisario José Manuel Villarejo es una pieza más, sin escrúpulos, como ejecutor de una estrategia que vulnera los principios democráticos más esenciales.
La información, obtenida de manera fraudulenta -a partir de la sustracción de un teléfono móvil a una asesora del dirigente de la formación morada- se distribuía con el único objetivo de obtener réditos políticos. Las alcantarillas del Estado a pleno rendimiento. Operaciones de esta naturaleza han precisado de la participación de sujetos como Villarejo y también de profesionales de la comunicación que se pusieron al servicio de esta conspiración, vulnerando los principios deontológicos. De nuevo recae en el sistema judicial la función de limpiar las cloacas del Estado, como ya tuvo que hacer con el ‘caso GAL’. Hay que seguir investigando y depurar responsabilidades ante este juego sucio. Sólo así será posible recuperar la confianza en el sistema democrático de España.
