En el ‘caso Citur’, que estalló a finales de marzo del 2011, a pocos días de las elecciones municipales y autonómicas que se celebraron en mayo, se investigado una supuesta trama de desvío de fondos públicos y amaño de contratos que se habría cometido en el Ayuntamiento de Ciutadella entre 2004 y 2008. O sea, hechos, aún no acreditados, que se remontan a quince años atrás.
Las diligencias judiciales de lo que empezó como ‘operación Xoriguer’, que provocó en Menorca una gran alarma social, con detenciones incluidas, concluyeron en abril del 2012. En noviembre del 2016 el entonces fiscal Pedro Horrach, que hoy ejerce como abogado, se despidió del caso al pedir 139 años de prisión para los trece encausados. Los sucesivos recursos, el gran número de imputados, los cambios de criterio de la Fiscalía sobre la calificación de los hechos investigados y, sobre todo, el cambio de jueces en Ciutadella han demorado la convocatoria del juicio oral de esta causa compleja. Ahora, en una nueva pirueta, se constata que han desparecido los documentos intervenidos en el registro policial.
¿Quién asume las responsabilidades por los retrasos del ‘caso Citur’? ¿Se llegará a celebrar el juicio y se aclarará lo sucedido?
