La imposibilidad de cumplir con las exigencias de la Sindicatura de Comptes para justificar los gastos electorales ha provocado que, de manera sorprendente, Vox haya optado por renunciar a la subvención de casi cuatrocientos mil euros que les correspondían por los resultados que obtuvieron en los pasados comicios autonómicos.
Aunque con cantidades inferiores, otros partidos políticos de las Islas también han visto menguadas las ayudas públicas en un proceso que es imprescindible exigir la máxima transparencia, como también si es preciso mantener el modelo actual.
La decisión de los responsables de Vox demuestra una potencia financiera inusual en una formación de nuevo cuño, como lo es también la incapacidad de cumplir con las exigencias de control que plantea la Sindicatura. En todo caso, la normativa vigente no debe ser tan compleja cuando el resto de partidos han podido presentar, en la mayoría de los casos, sus contabilidades electorales en tiempo y forma.
Queda, por tanto, la duda de si la de Vox ha sido una actitud deliberada o fruto de la improvisación. Lo deseable sería que cada opción política asumiera sus gastos con las aportaciones de sus militantes y simpatizantes.
