El cierre de las fronteras anunciado ayer por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, forma parte del paquete de medidas con las que el Gobierno -en este caso enmarcada en una estrategia avalada por la UE- trata de frenar la propagación del coronavirus. Desde una región insular como Balears no se comprende que todo el archipiélago mantenga aún abiertas las conexiones, aéreas y marítimas, con la península, si bien ahora reducidas a la mitad.
Las presidentas del Govern y el Consell, Francina Armengol y Susana Mora respectivamente, organizaciones empresariales y entidades como el Cercle d’Economia reclaman una restricción más severa de las rutas con las Islas. Pero el Gobierno se niega a atender esta razonada petición porque mientras se mantengan abiertas las puertas de entrada, persiste el riesgo de introducción del covid-19 en Balears con pasajeros que llegan sin control sanitario desde las zonas con altas tasas de contagio. Todavía se desconocen las razones por las que se mantienen operativos los trayectos con la península y el extranjero. Es preciso exigir el blindaje efectivo de Balears garantizando el regreso de residentes. En todo caso ya se llegará tarde.
