El estancamiento de la economía menorquina, con la caída de los indicadores y la destrucción del tejido productivo, aporta datos tan preocupantes como las casi 500 empresas que dejaron de cotizar a la Seguridad Social en agosto, mes que había venido marcando el momento álgido de la temporada turística. Pero este año se registró la pérdida de 5.676 afiliaciones y 493 empresas cerraron.
La gran duda consiste en si ha sido una decisión transitoria o constituye el preludio de su desaparición. Consecuentemente, la tesorería pública pierde ingresos, motivado por el desplome en los sectores comercio y restauración. Al persistir la incertidumbre, y tal como confirma la Federació de PIME-Menorca, habrá más cierres empresariales y el 2021 muchos negocios no abrirán sus puertas hasta que no tengan la plena certeza de que se recuperado el pulso de la actividad económica. En conjunto estos datos evidencian la dureza y la profundidad de una triple crisis -sanitaria, social y económica- que se acentuará durante los próximos meses. Las administraciones deben priorizar medidas que permitan salvar la empresas y reducir la pobreza social. Un escenario de extrema dificultad y tensión
