El Juzgado de lo Penal número 4 de Palma ha introducido un aspecto pionero en una sentencia sobre la ocupación de un inmueble: la consideración de banda criminal. El fallo es novedoso en Balears –solo existe un precedente similar en Cádiz– al desenmascarar las invasiones colectivas de viviendas. En este caso cuando faltaban poco días para la entrega a los propietarios, se produce el asalto, usurpación y extorsión al promotor.
En la ocupación inciden desde el desorbitado encarecimiento de la vivienda –tanto en régimen de compraventa como de alquiler– hasta un modo de expresión de protesta política radical. No es una cuestión sencilla de resolver y su proliferación figura entre las preocupaciones prioritarias. Algunos episodios son una expresión de descaro que se contrapone a casos de auténtica necesidad.
Esta sentencia deja fuera de la consideración más benevolente quienes asaltan la propiedad privada sin otro fin que la de extorsionar a sus propietarios de manera premeditada; el objetivo es obtener beneficios con la amenaza de la protección de las leyes. En esta ocasión el truco no ha funcionado y los autores acabarán en prisión. Un capítulo nuevo en la ocupación.
