Recelos policiales ante la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana

El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha alcanzado un acuerdo para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, también llamada ‘ley mordaza’, y modificar el texto aprobado en julio de 2015 por el Partido Popular. Los cambios afectan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en especial la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuyos principales sindicatos no ocultan su incomodidad por la introducción de fórmulas que entienden menoscaban su autoridad y la capacidad de reprimir los incidentes callejeros. Suavizar las ‘devoluciones en caliente’ de los inmigrantes ilegales en las fronteras, limitar a dos horas el tiempo máximo de identificación en las comisarías, reducir el importe de las multas, regular los cacheos y permitir que se obtengan imágenes de los agentes en las manifestaciones ha provocado malestar y quejas. La Ley de Seguridad Ciudadana es un instrumento esencial para hacer prevalecer el Estado de Derecho, razón de más para extremar las cautelas en cualquier reforma. Hay que eliminar cualquier corporativismo para ocultar o justificar si se cometen determinados abusos. En sentido contrario, tampoco es de recibo que una ley ampare la indefensión del Estado.