El acuerdo del Gobierno con los sindicatos para reformar el sistema de pensiones, que no incluye a las asociaciones empresariales, fija los objetivos de retrasar la edad de la jubilación y que el retiro voluntario anticipado sea penalizado con cuotas reductoras aplicadas a la prestación. Según el Gobierno, la reforma introduce la equidad y la sostenibilidad en el sistema, pero la patronal discrepa porque gran parte del esfuerzo para incrementar la recaudación recae sobre las empresas.
El modelo de financiación prevé que las cotizaciones de los trabajadores han de cubrir las prestaciones de los pensionistas. Pero, según acaba de desvelar el ministro José Luis Escrivá, la Seguridad Social ha pagado, estos últimos treinta años, con una cuantía que asciende a 140.000 millones de euros, prestaciones no contributivas, el complemento mínimo de las pensiones, y bonificaciones de cuotas. Son ‘gastos impropios’.
Es preciso diseñar un sistema que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones, cuestionado por el envejecimiento de la población, las reducidas bases de cotización de los jóvenes trabajadores y el impacto del paro. El Gobierno ha de evaluar la jubilación de la generación del «baby boom»: los 14 millones de nacimientos registrados en España entre 1957 y 1977; y tener en cuenta a quienes presentan unas peores carreras profesionales.
