La persecución de cualquier delito es un principio básico en un Estado de derecho y más aún si se trata de un ilícito cometido contra las administraciones públicas y pueda estar protagonizado por funcionarios y altos cargos. La jueza que instruye el caso Puertos ha prorrogado de nuevo el secreto de sumario, una medida excepcional que, en esta causa, dura ya tres años y diez meses, un tiempo a todas luces inusual.
En el mismo auto, la magistrada deja fuera de la pieza principal y de varias investigaciones secretas a cuatro antiguos altos cargos de Autoritat Portuària de Balears, entre ellos el exvicepresidente y el exdirector, si bien están en otras piezas. Todos ellos fueron arrestados en el estallido de la causa y ahora son los únicos implicados que pueden saber exactamente a qué atenerse.
En paralelo, la magistrada siembra sospechas por un documento que no aparece y que, si no existió, implicaría que el expresidente Joan Gual de Torrella no cometió uno de los delitos por los que es investigado. La larga duración del secreto del sumario en el caso Puertos prolonga la incertidumbre y la ‘pena del telediario’ para los investigados. También afecta a la institución pública que gestiona los puertos del Estado en Balears, cuyo funcionamiento está bajo sospecha. La falta de una mayor efectividad en la investigación siembra dudas indeseables.
