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Las instituciones locales de la Isla acumulan una deuda que ronda los cien millones de euros, según los datos del Ministerio de Economía. La cifra está en consonancia con el resto de municipios de Balears y no desentona de la media nacional, el endeudamiento constituye un recurso común de las administraciones para hacer frente a sus programas de inversión y planes estratégicos. Desde esa perspectiva, la preocupación no viene tanto de la deuda en sí como de los niveles que ha alcanzado y, en particular, del incremento que ha experimentado durante el último año en determinados ayuntamientos y en el Consell. Porque si la deuda es necesaria, el exceso supone una amenaza de bloqueo para la acción municipal, tal como muestra el no muy lejano caso de Es Castell o el más cercano plan económico y financiero que han debido elaborar Alaior y Sant Lluís con el fin de racionalizar la gestión de sus recursos durante un periodo de tres años, ya que en ambos municipios el pasivo acumulado equivale aproximadamente a mil euros por habitante. Existe un límite legal de deuda, pero no debería olvidarse que existe también un argumento moral para recordar que deberá pagarse y para no hipotecar el trabajo de futuras corporaciones.