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Autoridad Portuaria manda y ordena en el puerto de Maó, un espacio de enormes posibilidades para la economía menorquina y donde han primado demasiadas veces los objetivos económicos del propio organismo de gestión, la recaudación más que la inversión. El capítulo más reciente es el de Cala Figuera. Autoridad Portuaria ha conseguido preocupar a los vecinos con avisos de posibles expropiaciones si no venden sus propiedades, cuando ni el Ayuntamiento o el Consell, que forman parte del Consejo de Administración de la entidad, saben qué se pretende hacer allí, después de la retirada de CLH.

Esta dinámica de ir por libre por parte de los responsables de Autoridad Portuaria no es de recibo. Es una actitud poco transparente y de escaso respeto a las instituciones menorquinas, a los ciudadanos y a los colectivos que desarrollan su actividad en el puerto de Maó. Otra muestra de esta práctica del organismo autónomo, cuya gestión parece más propia de una empresa privada que de una entidad pública, es el obstáculo que representa que los expedientes sobre cualquier proyecto sólo puedan consultarse en Palma. Es cierto que existe un plan de usos aprobado en 2006, pero hay que informar de su desarrollo, con más transparencia.