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La ordenanza de Maó es clarísima: no se puede beber en la calle salvo excepciones como las fiestas patronales, un macrobotellón consentido y jaleado. Sin embargo, el botellón existe y se tolera siempre que no provoque molestias excesivas. El concejal Mateu Llabrés reconoce que se actúa según los casos, que la Policía no llega a todos los borrachos de supermercado y maletero. No le falta razón. Erradicar el botellón es imposible. Si coloca un policía aquí, los "esponjas" se irán allá. Exigir una aplicación exhaustiva de la ordenanza es pedir algo imposible, por lo que hay que centrarse en prevenir y erradicar los casos más flagrantes. Cabe recordar que la ordenanza también prohíbe escupir en la calle, golpear los árboles o sacudir alfombras en el balcón, cuando es imposible que los agentes sancionen a todos los guarros resfriados, enrabietados sin sensibilidad ecológica o maniáticos insolidarios de la limpieza. No obstante, que la exhaustividad en la aplicación de la ordenanza sea utópica no puede servir de excusa para la pasividad. Un espacio como la Estación Marítima es merecedor de una atención preferente, porque en esta zona el problema es recurrente y especialmente sensible: es un punto de entrada de turistas, cercano a una zona de ocio, con establecimientos que se ganan lícitamente la vida con los cubatas. Eso sí, un pelín caros.