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La exclusión de la representación municipal de Maó en el consejo de administración de Autoridad Portuaria se ha despachado con la protesta del alcalde, la voz del PP en su apoyo y poquito más. No se han sentido reacciones vecinales ni empresariales y, sin embargo, resulta imprescindible que colectivos vinculados directamente a la actividad en el puerto se manifiesten ante lo que sin duda parece un error de peso de la administración autonómica. Eliminar la opinión del ayuntamiento en un órgano con amplio poder de ordenación sobre parte de su territorio se revela incongruente, sobre todo si se trata de un enclave decisivo en su desarrollo urbano y económico, como es el caso de Maó. Los últimos episodios vividos en la ciudad a propósito de decisiones o planeamientos de Autoridad Portuaria cuestionados por las instituciones, entidades locales y asociaciones ciudadanas avalan la importancia de la representación municipal para participar, influir e incluso aportar más legitimidad a los acuerdos de un órgano que, como administración, debe responder también al principio de proximidad. Las razones de austeridad, comprensibles y loables, tienen otros cauces tanto o más efectivos que el de privar a un pueblo de voz en los órganos que sobre él deciden.