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Ayer se vivió un contraste evidente entre la celebración política por el acuerdo entre Gobierno y agentes sociales que permite la reforma de las pensiones y la profunda sensación de preocupación entre los ciudadanos. La información sobre el contenido de lo que se estaba negociando no había llegado a la calle, que ayer se despertó sorprendida por las consecuencias de la reforma. Treinta y ocho años y medio de cotización es para muchos un objetivo inalcanzable y más en el caso de Menorca con una economía basada en la estacionalidad turística, con contratos que como mucho abarcan seis meses y otros tres de subsidio. Los jóvenes serán las víctimas de la reforma de las pensiones. Una generación de estudiantes que prolongan su formación y que, a pesar de ser competentes, se incorporan tarde al mercado laboral, se encontrarán con la reforma plenamente en vigor en 2027 y con serias dificultades para percibir una pensión digna. Parece evidente que el actual sistema de pensiones pasa a la historia y en el futuro a medio plazo se impondrá una fórmula similar a otros países, con un menor coste público. Quizás sea el único modelo viable. A todo ello se añade que Balears percibe las pensiones más bajas de España.