Claridad al máximo

El Ayuntamiento de Maó ha lidiado en la última década con controversias urbanísticas de distinto alcance. Su resolución habrá satisfecho más o menos a las partes implicadas, pero lo que es incuestionable es que deberían haber servido al Consistorio como experiencia para no reincidir en errores que luego invitan a suspicacias. Ahora el juez ha invalidado un convenio relativo al antiguo solar de CATISA, operación que la oposición ya criticó con vehemencia en su día y que el equipo de gobierno justificó por la singularidad del solar y el beneficio que el pueblo obtenía. No es suficiente. Así lo entiende el juez. Las administraciones públicas se ven actualmente en la obligación de actuar con la máxima claridad y corrección a la hora de aprobar cambios de aprovechamiento urbanístico como el que el juez acaba de suspender. No se puede tolerar que falte el más mínimo documento que avale la buena fe de una operación de este tipo. En estos momentos la sociedad no se lo puede permitir porque tiende a la desconfianza automática. La protección del interés general debe ser máxima, y el juez dice que ha sido mínima. La piel del urbanismo está muy fina y la sentencia es severa, muy contudente. Ahora el Ayuntamiento recurre, se acoge a que la sentencia no detecta mala fe y apela a que todo se ha interpretado mal. Quizá es que no se explicó bien y explicarse bien es imprescindible para evitar líos y desarticular sospechas.