La reciente celebración del Dia de Balears ha transcurrido, un año más, en medio del ya habitual desinterés de la mayoría de la población de las Islas por los actos oficiales programados, si bien ello no debe interpretarse como una indiferencia generalizada hacia los retos que ha asumido nuestra Comunidad en el ámbito de la política autonómica.
El escaso eco popular que la Diada del 1 de marzo tiene en la calle no puede servir de pretexto, sin embargo, para cuestionar el autogobierno balear y el Estado de las autonomías. La estructura autonómica del sistema democrático ha propiciado unos importantes avances en todas las comunidades, así es obligado reconocerlo, y no tendría sentido sumarse ahora a las voces que abogan por reconducir esa estructura y volver a centralizar una serie de competencias y servicios. Cosa muy distinta es el grave -casi crónico- problema de las duplicidades competenciales y la necesidad de una mayor coordinación entre las diferentes administraciones, central, autonómica y local. Esta es una cuestión de saber acertar en el buen funcionamiento de las instituciones y de capacidad y responsabilidad para lograr una eficiente gestión de los recursos económicos, sin adentrarse, por tanto, en la senda de los excesos y de la corrupción.
Más allá de las manifestaciones efectuadas en estas fechas por el presidente del Govern y otras autoridades para reafirmar sus convicciones autonómicas, la autocrítica parece seguir totalmente ausente del discurso político; o su esporádica irrupción resulta apenas imperceptible en la calle. La autocrítica no abunda lamentablemente entre nuestros parlamentarios. Valga referir un caso paradigmático que daña sin duda su credibilidad.
Sin salir del marco estrictamente institucional, y transcurridos ya 28 años de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, la Comunidad balear continúa arrastrando una anomalía democrática que certifica un bochornoso fracaso político por parte del Parlament. En efecto, en nuestra cámara legislativa los sucesivos titulares de la presidencia y las decenas de diputados que han desfilado por sus escaños han sido incapaces de constituir la Sindicatura de Greuges, institución que contempla el propio Estatuto autonómico "para defender las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos, y también para supervisar e investigar las actividades de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Balears", según señala el artículo 51. Pero puesto que los grupos parlamentarios nunca han conseguido ponerse de acuerdo para proceder a la elección del Síndic de Greuges, mediante "la mayoría favorable de las tres quintas partes de los diputados de la cámara", el mencionado artículo 51 sigue sin cumplirse y Balears no cuenta en consecuencia con su Sindicatura de Greuges. Ni que decir tiene que este incumplimiento parlamentario es a estas alturas totalmente injustificable e inadmisible.
El Parlament es por tanto el responsable de que la Comunidad balear siga careciendo de una institución esencial en la política autonómica, no en vano, como especifica el Estatuto, se trata de proteger las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía de las Islas. Si la constitución del Síndic de Greuges fuera ya una realidad es evidente que se habría dado un paso muy importante para atender el extenso capítulo de consultas y quejas ciudadanas referidas a las distintas administraciones públicas, capítulo en el que muchas veces se constatan precisamente los serios perjuicios que provoca la descoordinación administrativa. Al Síndic de Greuges podría haber recurrido por ejemplo la Plataforma del Transporte Aéreo de Menorca para denunciar un escandaloso agravio comparativo aquí ampliamente conocido y que afecta a miles de ciudadanos. [Y al no existir, quizá fuera oportuno dirigirse al Defensor del Pueblo]. Lo malo es que como la responsabilidad de no contar todavía con esta institución autonómica recae en el conjunto de los parlamentarios, nadie da la cara. Además, el último lamento institucional a cargo de la actual presidenta, Aina Rado, quedará olvidado y archivado en un par de días. ¿Hasta cuándo persistirá una actitud parlamentaria tan vergonzosa?
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